La defensa del agua y los territorios en Salinas Grandes

Desde hace años, las comunidades indígenas del norte de Argentina reclaman y se movilizan para evidenciar las consecuencias que tiene la minería de litio para el agua de su región. Piden acciones concretas para proteger sus ecosistemas, así como el absoluto respeto de sus derechos.

 

Por Melina Acevedo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Argentina.

Fotos: Gentileza Calma Cine

 

El litio es un mineral que, por ser un metal liviano, tiene la capacidad de almacenar grandes cantidades de energía: es uno de los insumos clave para la fabricación de baterías de celulares y vehículos eléctricos, un supuesto “aliado” de la transición energética. Argentina cuenta con una de las mayores reservas de litio de salmueras en sus salares de altura, ubicados en la región de la Puna, a más de 3.200 metros sobre el nivel del mar, y -junto con Bolivia y Chile- conforma el llamado “triángulo del Litio del Cono Sur”.

 

En esa región del norte del país, habitan comunidades indígenas desde tiempos inmemoriales que dependen del agua para el desarrollo de sus formas de vida, su cultura y sus actividades económicas. Gracias a sus saberes ancestrales, el manejo que hacen de este recuso, es totalmente racional y sostenible por generaciones. Actualmente se encuentran amenazadas por distintos proyectos de minería de litio, que podrían generar serios problemas en el ecosistema y en sus formas de vida. Especialmente porque no se evalúan suficientemente los impactos ambientales y acumulados que puede generar esta actividad.

 

 

 

Esta preocupación ha provocado que las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, de las provincias de Jujuy y Salta se organicen y movilicen en defensa de sus territorios. La acción más reciente fue en noviembre de 2019. Ante las negativas por parte de las autoridades locales a escuchar sus reiterados reclamos, y frente al avance de medidas para promover la explotación de litio, presentaron junto con FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales) una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el objetivo de prevenir el daño grave e irreversible ocasionado por la minería en el sistema hídrico compartido por las provincias.

 

Anteriormente, ya habían reclamado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). También, tras varios años de trabajo, en 2015 desarrollaron el primer protocolo biocultural comunitario de Argentina, al que denominaron “Kachi-Yupi. Huellas de la Sal” , que establece las formas en que debería llevarse a cabo una consulta, bajo parámetros que respeten su cultura. En numerosas oportunidades han solicitado que este documento tenga reconocimiento legal y, como tal, sea integrado a las políticas públicas. Sin embargo, los gobiernos locales nunca lo han aplicado, demostrando así, una recurrente falta de voluntad para reconocer y asegurar la vigencia de los derechos de las comunidades.

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