Los principios de prevención y precaución desde la perspectiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Recientes resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos abren una nueva perspectiva para la protección del ambiente a través de la implementación de los derechos humanos en la región.

 

Por José Sciandro- C- Mci- sur. CURE/UDELAR

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH) es una institución judicial autónoma que tiene como objetivo la aplicación e interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante CADH), también llamada Pacto de San José de Costa Rica. Se trata de un tratado internacional que prevé derechos y libertades que tienen que ser respetados por los Estados Partes; y Uruguay es uno de ellos. En el año 2017, la Corte pronunció la “Opinión Consultiva 23 sobre Medio Ambiente y Derechos Humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” (en adelante OC-23/2017).

 

Es una de las primeras oportunidades en que la CIDH se refiere, de manera extendida, sobre las obligaciones estatales de protección del ambiente que emergen de la CADH. Las opiniones consultivas son una herramienta de interpretación de la Convención y otros tratados para que los Estados Americanos -que suscribieron los acuerdos- ajusten sus leyes, prácticas y políticas públicas para la protección del ambiente y de ese modo garantizar los derechos humanos de las personas bajo su jurisdicción. Estas “opiniones” tienen carácter vinculante; esto implica que los Estados que son parte tienen la obligación de adecuar su derecho interno a esas directivas.

 

Este pronunciamiento de la Corte es importante porque, por primera vez en forma explícita, se consagra el deber de prevenir las violaciones de los derechos ambientales y la obligación de impedir la contaminación ilícita del medio ambiente. Pero lo más significativo del dictamen es la inclusión del principio de precaución como una variante del principio de prevención. En efecto, se expresa que los Estados parte deben actuar conforme al principio de precaución, frente a posibles afectaciones a los derechos a la vida y a la integridad personal de sus habitantes.

 

Lo define conceptualmente como el deber de actuar cuando haya indicadores plausibles de que una actividad podría acarrear daños graves e irreversibles al medio ambiente, aún en ausencia de certeza científica. El daño potencial o plausible tiene que tener la nota de grave o irreversible; se trata de prevenir el daño pero con menores certezas respecto a la posibilidad de que ocurra.
La actualidad nos señala que el principio de precaución, por sus características, se constituye en uno de los principios fundamentales para el futuro del derecho del ambiente. Permite la gestión de nuevos riesgos –inciertos- emergentes de la sociedad posindustrial para impedir que ocurran una nueva categoría de daños : graves, colectivos e irreversibles.

 

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