Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada

La problemática se extiende por los océanos del mundo y el sistema pesquero parece no conocer de leyes y normas. Así, arrasan con ecosistemas enteros bajo el respaldo silencioso de entes, organismos y gobiernos que optan por mirar hacia otro lado.

Por Katherine Bernal.

 

Desde tiempos remotos la humanidad ha encontrado en la pesca su subsistencia y en nuestros días ella, en conjunto con la acuicultura, constituye una forma de conseguir proteína animal valiosa para fines de seguridad alimentaria y erradicación de la pobreza. La pesca sustentable, concepto base de la actividad actual, constituye el objetivo fundamental al que la comunidad internacional se ha volcado para lograr que futuras generaciones puedan disponer de uno de los mejores alimentos existentes.

 

Con mucho esfuerzo, gobiernos y organizaciones internacionales trabajan para que la normativa pertinente no sólo comprenda la extracción, sino también las variables medioambientales y sociales que se ven impactadas por ella.

 

Tales esfuerzos son implementados de forma exitosa por pescadores y gobiernos responsables, que no sólo establecen medidas de manejo apropiadas, basadas en la mejor información científica disponible, sino también medidas de fiscalización eficaces.

 

Sin embargo, dichos esfuerzos se desmoronan frente al actuar irresponsable de quienes, fuera de toda norma, abusan y corrompen el sistema de manejo pesquero, atentando contra la sustentabilidad.

 

Lo denominado originalmente por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) se ha transformado en una de las más grandes amenazas al medio marino, a su conservación y uso sustentable.

 

Un estudio estimó que el año 2009, la pesca INDNR comprendía capturas entre los 11 y 26 millones de toneladas de pescado anuales, a un precio de entre 10.000 y 23.000 millones de dólares estadounidenses, tornándose en una competencia desleal para quienes se someten a las reglas, al no observar normas de ningún tipo, y por supuesto, el no pago de impuestos. Las enormes ganancias permiten evadir controles y todo tipo de fiscalización lo que hace necesario hacer frente con urgencia a esta realidad que ataca a nuestros océanos.

 

El concepto de pesca ilegal implica ir más allá de sancionar el simple quebrantamiento de la ley, alcanzando a otras conductas no deseadas. La falta de reporte de captura o el hacerlo en menor medida, es decir “pesca no declarada” y el pescar en áreas de alta mar donde exista una organización regional de ordenamiento pesquero sin que el Estado de la bandera sea parte de la misma o cooperar con ella en el manejo de los recursos, “pesca no reglamentada”, quedan comprendidos.

 

Lo contrario acarrearía efectos adversos para quienes las practiquen, como el cierre de mercados que exijan trazabilidad o la inclusión de naves en listados de pesca INDNR que mantienen dichas organizaciones internacionales, prohibiendoles su posterior operación en el área que ellas manejan.

 

El Comité de Pesca de la FAO (COFI), en su 23mo período de sesiones, en 1999, consideró la pesca INDNR como una cuestión de alta prioridad y recomendó la elaboración de un Plan de acción internacional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (PAI‑Pesca INDNR). El Plan se aprobó en 2001 pero, como toda problemática, erradicarla requiere de una amplia participación y, en este caso, una activa coordinación entre los Estados con los representantes del sector, las comunidades pesqueras y las organizaciones no gubernamentales (ONG), así como el uso de un planteamiento global integrado a fin de abordar todas las repercusiones de la pesca INDNR.

 

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